La suspensión judicial del artículo que habilitaba al Poder Ejecutivo a disolver la Dirección Nacional de Vialidad trajo un alivio temporal a los trabajadores del organismo. El gobierno ya anticipó que apelará el fallo, y en el ámbito sindical el clima sigue siendo de alerta. En Jujuy, se realizará una actividad de concientización el 26 de julio en el atrio de la Catedral. 

Lucio Mamaní Chaves, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Viales de la Nación seccional Jujuy, expresó su preocupación por las consecuencias que tendría el cierre del organismo: “La suspensión judicial nos da un respiro, pero no es definitiva. El gobierno ya anunció que apelará. No vamos a bajar los brazos. Seguimos atravesando una situación muy compleja y necesitamos el apoyo de todos los compañeros viales, afiliados y no afiliados”. 

(Lucio Mamaní Chaves- Vialidad Nacional)

Mamaní Chaves explicó que la medida cautelar presentada por el organismo y otorgada por la jueza federal Martina Forns, representa “un alivio concreto para miles de trabajadores y para todo el sistema federal de infraestructura”, ya que frena —al menos momentáneamente— lo que desde el gremio consideran un intento de vaciamiento institucional. “La defensa de Vialidad es la defensa del Estado presente, federal y eficiente. No de una casta, sino de un pueblo trabajador”, sentenció. 

El dirigente sindical recordó que Vialidad Nacional, creada en 1932, no solo se encarga de la planificación, construcción y mantenimiento de una red troncal de más de 9.000 kilómetros —que se extiende a 40.000 si se considera toda la red nacional—, sino que cumple funciones estratégicas para el desarrollo del país. “Supervisamos obras licitadas a terceros, controlamos la calidad de esas obras, brindamos asistencia técnica y financiera a las provincias, participamos en emergencias climáticas y aportamos a la seguridad vial con señalización y planificación preventiva”, explicó.

 En ese sentido, hizo referencia a la experiencia en territorio jujeño: “Cada verano hay pueblos que se ven afectados por lluvias e inundaciones. Sabemos lo que significa no tener presencia estatal. Disolver el organismo sería desmantelar una estructura federal con ingenieros, técnicos y operarios capacitados, muchos con décadas de experiencia”.

Además, destacó que más de 5.000 trabajadores directos podrían verse afectados por la medida, sin contar el impacto en empresas contratistas y comunidades que dependen de la obra pública. “Esto no es solo una disputa por puestos laborales, sino por el rol del Estado en el desarrollo regional”, afirmó.

Desde el gremio aseguran mantener contacto con algunos legisladores con el propósito de tratar de revertir el Decreto Presidencial. En simultaneo, preparan una jornada para visibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia del organismo y sus trabajadores.

En ese marco, anunciaron que se instalará una carpa el 26 de julio en el atrio de la Catedral con el fin de concientizar a la comunidad sobre la importancia del organismo. “Creemos en la charla y en la información. Queremos contarle a la población cuál es la verdadera función de Vialidad Nacional”, concluyó Lucio Mamaní Chaves.