A horas de la Marcha Federal Universitaria el Gobierno nacional volvió a recortar el presupuesto destinado a la educación, la salud, obra pública y transferencias a las provincias.
La medida se dio a conocer mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial a tan solo 24 horas de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes 12 de mayo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La normativa, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo, justifica el recorte bajo el argumento de “adecuar el presupuesto vigente para afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido”, aunque se explica por la caída en la recaudación tributaria, con desplomes en derechos de exportación e importación, y retrocesos en IVA y aportes de la seguridad social debido a la crisis económica que atraviesa el país y la necesidad del Gobierno de sostener la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Son casi 3 billones de pesos recortados del Presupuesto 2026, si 3.000.000.000.000 de pesos. Entre las áreas más afectadas se encuentran las universidades nacionales con una reducción de 5.303 millones de pesos para infraestructura y gastos de funcionamiento.
En Educación se reducen 78.711 millones de pesos al Fondo de Compensación Salarial Docente; 35.288 millones menos para el Plan Nacional de Alfabetización y 48.000 millones menos para transferencias a EDUC.AR.
En el área de salud se recortan los presupuestos para programas de prevención, VIH, tratamientos de cáncer unos 63.021 millones de pesos. Entre estos recortes se encuentran los programas de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, el de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, el de Cobertura Sanitaria Compensatoria, el de Investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, el de Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles.
También se recortan partidas para el INCUCAI, que se ocupa de los trasplantes, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán que se ocupa, entre otras cosas, de la vigilancia epidemiológica de enfermedades como el dengue, chikungunia o Covid 19, de análisis de laboratorio de distintas enfermedades, de fabricar y controlar calidad de vacunas, sueros y otros productos biológicos, o de monitorear brotes y emergencias sanitarias.
Además, los programas energéticos tendrán una baja de $359.497 millones en iniciativas de uso racional y eficiente de la energía. La obra pública se verá afectada con un recorte de 97.104 millones de pesos menos para la repavimentación de la Ruta Nacional 38 (Tucumán–Catamarca); 27.641 millones menos para obras de agua y saneamiento afectando proyectos en Tucumán, Concordia, Rafaela y Chubut.
En Defensa el ajuste es de más de 46.000 millones de pesos, con impacto en Fuerza Aérea, Ejército y Armada.
También las provincias y municipios tendrán una reducción de transferencias por más de 970.000 millones de pesos, paralizando obras de infraestructura y saneamiento.
Este nuevo recorte profundiza la crisis presupuestaria que las universidades nacionales vienen atravesando desde fines de 2023. La reducción de partidas afecta no solo el funcionamiento diario de las instituciones, sino también obras de infraestructura, programas académicos, investigación científica, extensión, becas estudiantiles y salarios docentes y nodocentes.
A la par del ajuste presupuestario, el Gobierno nacional viene construyendo un discurso que busca desprestigiar a las universidades públicas e instalar sospechas, especialmente en torno al uso de los recursos y la supuesta falta de controles.
Sin embargo, las universidades nacionales son auditadas de manera permanente por distintos organismos del Estado, entre ellos la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), además de contar con mecanismos internos de control y rendición de cuentas cuyos resultados son públicos y pueden consultarse tanto en los sitios oficiales de los organismos de control como en los portales de transparencia y resoluciones de cada universidad.
La propia Universidad Nacional de Jujuy fue auditada en los últimos años, recibió observaciones administrativas puntuales, como ocurre en cualquier organismo público, y ya cuenta con planes de adecuación para subsanarlas.
Las auditorías a las universidades se realizan y se realizaron siempre de manera periódica y forman parte del funcionamiento habitual y obligatorio del sistema universitario público argentino.
Frente a esta situación de extrema gravedad, esta tarde desde las 17 horas, toda la comunidad universitaria y la sociedad jujeña se unen en una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir lo que es justo. La concentración será en calle Alberdi N°11, en el Campus Gratuidad Universitaria de la UNJu.
