El Frente Sindical convocó protestas del 16 al 20 de marzo, mientras crece el rechazo al proyecto oficial que propone una recomposición de 12,3% en cuotas.
Gremios docentes y no docentes, federaciones del sector y autoridades universitarias denuncian que la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la ausencia de paritarias y el deterioro salarial comprometen el funcionamiento de las universidades, los colegios preuniversitarios y los hospitales universitarios. En ese contexto, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales ratificó una semana de protestas entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo y varias organizaciones anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha si no hay respuesta del Gobierno nacional.
La medida de fuerza reúne a federaciones, sindicatos de base, trabajadores no docentes y docentes del sistema universitario. Más allá de las diferencias entre organizaciones, todas plantean un escenario crítico: caída severa del salario, falta de actualización presupuestaria y ausencia de negociación colectiva. A eso se suma el rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la ley vigente y establecer una recomposición en cuotas.
Desde Conadu Histórica señalaron que el reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. “Las universidades públicas del país vamos a una semana de paro contundente de Tierra del Fuego a Jujuy porque el gobierno de Milei niega la aplicación de la ley que ganamos con la lucha de la comunidad educativa”, afirmaron.
Recordaron que la ley “se votó cuatro veces”, que “el gobierno la vetó y fue ratificada por el Congreso” y calificaron la decisión del Ejecutivo nacional como “en total ilegalidad”. También sostuvieron que el Gobierno “debe el 53% de recomposición salarial” y que esa situación “pone en peligro el funcionamiento de las universidades públicas”.
La federación rechazó la propuesta oficial de modificar la ley con un aumento del 12,3% en tres cuotas, “la última en septiembre”. “Es una provocación y un ataque a nuestras condiciones de vida”, plantearon. Señalaron que “apenas hubo un 2% en diciembre, nada en enero y nada en febrero”. Definieron la situación como “la pérdida más importante desde la vuelta de la democracia”, con “salarios de indigencia”, y afirmaron que en dos años la docencia universitaria perdió el 50% del salario. “Un ayudante de primera cobra aproximadamente $220.000 por 10 horas semanales”, dijeron. Advirtieron además que “ya más de 10.000 docentes dejaron la universidad”, lo que genera “vaciamiento y mayor precarización”.
Sobre las medidas de fuerza, explicaron que las asambleas de base debatieron el paro por tiempo indeterminado, pero que finalmente se impuso el paro entre el 16 y el 20, y luego entre el 31 y el 4. Indicarán en asamblea la continuidad del plan de lucha y reclamaron la convocatoria inmediata a una cuarta marcha federal educativa. Consultada por las instancias de diálogo, la respuesta fue: “No hay instancia de diálogo con un Gobierno que quiere destruir la universidad pública. Su proyecto es la privatización”. Afirmaron que el Ejecutivo “provoca modificando la ley mientras no hay paritaria” y reclamaron presupuesto para salarios, funcionamiento y becas, “para que ningún pibe deje la universidad porque no puede pagar un boleto o los apuntes”.
