La Universidad Nacional de Jujuy declaró hoy la emergencia inmobiliaria en toda la institución, en un contexto de fuerte crisis presupuestaria que afecta a las universidades públicas del país.
La medida fue tomada por el Rectorado a través de la Resolución R. N° 0506/26 y se suma a las ya declaradas emergencias salariales y presupuestarias definidas a nivel nacional en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional.
El problema de fondo es el congelamiento del presupuesto nacional destinado a las universidades, que se mantiene con valores de 2022 y la negativa del Gobierno de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Así, con la inflación acumulada en estos años, el dinero destinado al mantenimiento de las universidades ya no alcanza para cubrir los gastos básicos de funcionamiento.
En el caso de la UNJu, la situación obligó a dejar de alquilar varios edificios donde funcionaban espacios como la Escuela de Educación Profesional, el Centro de Simulación Clínica y algunos institutos de investigación de distintas unidades académicas.
Al perder esos lugares, la universidad se quedó con menos espacios para dictar clases, hacer prácticas y desarrollar proyectos científicos.
Esto generó un faltante de aulas y oficinas, por lo que algunas actividades tendrán que trasladarse incluso a sectores semicubiertos, como una forma de sostener el funcionamiento diario.
Frente a este escenario, la universidad puso en marcha un plan de emergencia.
Por un lado, buscará reorganizar y aprovechar al máximo los espacios propios dentro del Campus Reforma Universitaria 1918.
Por otro, decidió adaptar áreas que antes tenían otros usos para convertirlas en aulas y lugares de trabajo.
Además, se definió que los espacios disponibles se destinen primero a las actividades esenciales: clases de grado, prácticas profesionales e investigación.
La declaración de emergencia inmobiliaria es resultado del impacto concreto del recorte presupuestario en la vida cotidiana de la universidad.
No se trata solo de números, sino de menos aulas, menos lugares de trabajo y mayores dificultades para garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.
