El Gobierno promulgó el pasado lunes 22 de septiembre la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero tal como lo había anticipado el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la norma quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin.
La decisión se dio a conocer a través del decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad "queda suspendida en su ejecución", por lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24.629, hasta que el Congreso "determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé".
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de la Personas con Discapacidad (REDI), brindó detalles en UNJu Diario relacionados con el comunicado publicado por diferentes organizaciones que rechazaron el decreto 681/2025 que suspende la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, promulgada por el Congreso el pasado 18 de septiembre.
Sobre el tema, Troiano aseguró: "El día lunes el gobierno sacó un decreto el decreto 681 a través del cual promulga la ley de emergencia en su artículo 1 y en su artículo 2 dice que lo suspende por falta de fondos, esto es claramente inconstitucional, realmente es un acto que obstaculiza el acceso de las personas con discapacidad al derecho que establece la ley, que es una ley que está promulgada y sancionada y evidencia un desconocimiento total en la materia constitucional".
Al ser consultada por la provocación del gobierno al promulgar la ley, Troiano asveró: "Ellos se basan en una ley que establece que se deben decir los fondos en su artículo 5, pero el presupuesto está prorrogado dos veces, o sea, no enviaron la ley de presupuesto y venimos con una ley de presupuesto que ya fue prorrogada 2 años, con lo cual no se puede cumplir esa ley en el marco de cómo está la situación que ellos mismos generaron".
Por último, Troiano adelantó las próximas acciones que realizarán las organizaciones: "Aparte del comunicado, hemos juntado 525 firmas de distintas organizaciones de todo el país, todo va a ser presentado a Guillermo Francos, que es quien hizo esa resolución 681".
"También se van a presentar un amparo para la declaración de inconstitucionalidad y por supuesto que también fue elevado al Comité de Discapacidad de Naciones Unidas porque es una falta muy grave".
Aquí el comunicado completo
