El salario de docentes y nodocentes universitarios perdió, en promedio, más de un tercio de su poder de compra desde fines de 2023. Así lo indica un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos del INDEC, el Banco Central y organizaciones del sistema universitario.
La mayor caída se produjo en los primeros meses de 2024, cuando la inflación avanzó por encima de las actualizaciones salariales. Desde entonces, la pérdida se profundizó durante 2025 y continuó en el inicio de 2026, acumulando una reducción cercana al 34% en términos reales.
En enero de 2026, la canasta básica total para un hogar tipo se ubicó en $1.360.299. En ese escenario, solo los cargos más altos logran superar ese umbral.
Un docente titular con dedicación exclusiva percibe alrededor de $1.456.091, apenas por encima de la línea de pobreza. En cambio, un profesor adjunto con la misma dedicación alcanza $1.135.896, mientras que un jefe de trabajos prácticos ronda los $975.510 y un auxiliar de primera $814.961.
La situación es más crítica en dedicaciones simples, la más extendida en el sistema, donde los salarios van desde $364.022 en cargos titulares hasta $162.991 en auxiliares de segunda.
Al considerar la canasta básica alimentaria, fijada en $623.990, gran parte de los cargos docentes, especialmente los de dedicación simple, no alcanza siquiera ese nivel mínimo.
La comparación en el tiempo muestra la magnitud del deterioro. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva percibe hoy, en términos reales, cerca de la mitad de lo que cobraba en 2015.
El escenario salarial se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. La norma fue vetada, luego ratificada por el Congreso y posteriormente suspendida por el Poder Ejecutivo mediante decreto.
En diciembre de 2025, la Justicia ordenó su cumplimiento. En las últimas horas, ese fallo fue ratificado, reiterando la obligación del Ejecutivo de aplicar la ley.
La normativa establecía una recomposición salarial en función de la inflación acumulada, estimada en al menos un 44%, lo que habría permitido recuperar gran parte del poder adquisitivo perdido.
De haberse aplicado ese esquema, por ejemplo, un jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva habría alcanzado un salario de $852.229, reduciendo significativamente la pérdida acumulada.
En cambio, un proyecto impulsado por el Gobierno propone aumentos del 12,3% en 2026. Con ese esquema, el salario proyectado para septiembre se ubicaría en torno a $547.748, profundizando la caída del poder adquisitivo, que se ubicaría en más de la mitad en comparación con 2015.
En este contexto, los gremios docentes y no docentes mantienen medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la ley vigente.
Las acciones forman parte de un plan de lucha que incluye paros y actividades de visibilización en distintas universidades del país.
