La Cámara de Diputados de la Nación sesionará este jueves desde las 14 horas para tratar la reforma laboral, en medio de un paro general anunciado por la CGT. Debido a que el texto de la norma fue modificado, de ser aprobado hoy, el proyecto tendrá que tratarse nuevamente en la Cámara alta que ya tiene una convocatoria para el viernes 20 a las 10 horas.

Para lograr avanzar en el tratamiento, el oficialismo removió el artículo 44 que se refería a las licencias por enfermedad y sostenía que "en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración, y si "la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera".

Sin embargo, el principal desafío del oficialismo hoy es alcanzar el quorum. Ya cuentan con la presencia de los bloques que lo respaldan en el proyecto: el PRO, la UCR y aliados provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén. Una duda aparece en Innovación Federal (compuesto por los oficialismos de Salta y Misiones) que acompañaron la convocatoria pero no el dictamen de mayoría (que contó con 44 firmas).

Mientras tanto, desde la medianoche inició el paro general de 24 horas convocado por la CGT que cuenta con un alto acatamiento de todos los sectores incluido el transporte.

En nuestra provincia todas las lineas de colectivos se plegaron a la medida y el movimiento en las calles es muy bajo. Gremios y sindicatos de la salud, educación, universitarios, bancarios, municipales, ATE, CTA, transporte acataron la medida en contra de la reforma que prevé, entre otros puntos:

Banco de horas: se reemplazan los pagos por horas extras por un sistema para compensar jornadas extensas con otras más breves o días de franco. Se respetarán descansos mínimos obligatorios: 12 horas entre jornadas y 35 horas de descanso semanal.

Indemnizaciones: se modifica el actual sistema, estableciendo compensaciones sujetas a la inflación (con un 3% de plus anual, reemplazando el actual esquema en la que la actualización la establecía el juez interviniente) y excluyendo los aportes correspondientes al aguinaldo, las vacaciones y otros agregados.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se establece un esquema compuesto por el 3% del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones que sería utilizada para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el 1% (que puede ampliarse a 1,5%) y las pymes el 2,5% (que puede llegar al 3%). El empleador deberá afrontar la diferencia cuando el fondo no alcance para pagar el total de la indemnización.

Salarios: se promueven pagos por mérito y productividad en detrimento de las negociaciones colectivas del salario básico. Los sueldos podrán ser en pesos o moneda extranjera, pero también por especie, es decir, en vivienda, comida, etc.

Vacaciones: el proyecto permite que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días. Al menos cada 3 años, y en caso de vacaciones rotativas, los trabajadores tendrán su receso en el período de verano.

Servicios esenciales: se incorpora las telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario, los servicios aduaneros y migratorios y la educación en todos sus niveles (salvo universitario) que deben garantizar al menos un prestación del 75% de su funcionamiento normal.

Promoción del blanqueo laboral: se crea un régimen de incentivos impositivos por cuatro años para aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas o monotributistas hasta un año después de la sanción de la ley. También se abre una ventana de seis meses para el blanqueo a los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados.

Eliminación de la "ultraactividad": se acaba con el régimen que permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo.

Financiamiento del cine: a partir del 1° de enero de 2028, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) será financiado exclusivamente con partidas asignadas por la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional, eliminando sus fuentes automáticas de recaudación como el porcentaje de entradas de cine vendidas o el financiamiento proveniente del ENACOM.

Trabajadores de plataformas: se reglamenta las condiciones, obligaciones y garantías que tiene el personal de plataformas. Se establece la obligatoriedad de tener un seguro de salud mientras ejerce su trabajo, aunque quien se haga cargo de él será producto de un "libre acuerdo" entre la plataforma y el trabajador, sin que esto represente condición de dependencia.

Asambleas: las convocatorias asamblearias no podrán afectar "el normal desarrollo de las actividades de la empresa" y deberá contar con autorización previa. También se establece que "el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma".