En comisiones, la oposición logró dictaminar un proyecto de ley para recomponer salarios docentes y actualizar partidas universitarias. El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará la norma si se aprueba en el Congreso.
En un plenario las comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, los principales bloques opositores lograron este martes emitir dictamen de mayoría al proyecto de ley de financiamiento universitario. La iniciativa propone recomponer los salarios docentes y no docentes, estabilizar el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas y establecer mecanismos de actualización automática por inflación.
El avance legislativo representa un abierto desafío al presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará la iniciativa en caso de ser sancionada. El dictamen fue firmado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, con apoyo de rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quienes también se hicieron presentes en el Congreso con miles de firmas en respaldo al proyecto.
Durante el debate, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) fue el primer orador y apuntó a la urgencia de recomponer salarios, destacando que algunos docentes con más de 15 años de antigüedad cobran apenas 280 mil pesos. También propuso incluir fondos para obras sociales universitarias y para docentes ad honorem, además de financiamiento para ciencia y técnica.
Desde Encuentro Federal, Esteban Paulón celebró el “tortuoso camino” recorrido hasta lograr el dictamen, y sentenció: “La universidad es un hermoso valor, pero sin salario no hay universidad”. Hugo Yasky (Unión por la Patria) enfatizó que el proyecto busca restituir parte del poder adquisitivo perdido y garantizar la continuidad de la docencia como profesión digna. En la misma línea, Lorena Pokoik sostuvo que “la educación genera valor agregado” y criticó el enfoque mercantilista del oficialismo.
Uno de los datos más alarmantes fue aportado por el autor de uno de los proyectos, Pablo Carro (UxP), quien reveló que este año ya renunciaron 10.200 docentes universitarios —el 7% del total— por los bajos salarios. Según detalló, el 70% cobra menos de 300 mil pesos, mientras que solo el 10% tiene dedicación exclusiva.
Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) acusó al Gobierno de haber provocado “deliberadamente” la crisis presupuestaria. “Llevamos dos años sin presupuesto nacional ni universitario. No hay ninguna previsibilidad para el sistema”, remarcó.
El proyecto dictaminado establece una recomposición de gastos de funcionamiento desde mayo hasta diciembre de 2024, y una cláusula de actualización bimestral de partidas por Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de 2025. También obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción, al menos en proporción a la inflación registrada. Además, incluye la incorporación de sumas no remunerativas a los sueldos básicos, y refuerzos para programas de extensión, hospitales universitarios y becas estudiantiles, con auditorías externas de control.
El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, destacó que a diferencia del año pasado, en esta oportunidad la oposición logró articular un dictamen más robusto y abarcativo. Desde Democracia para Siempre, la diputada Danya Tavela valoró que “la conciencia colectiva se impuso al ego político”, y celebró la articulación transversal para acompañar a la comunidad educativa.
En contraste, La Libertad Avanza presentó un dictamen de rechazo. Alejandro Finocchiaro (PRO), quien presidió el plenario, criticó con dureza la iniciativa: “No corresponde tratar una paritaria por ley. Es un antecedente peligroso que distorsiona el mercado laboral y desestabiliza al Gobierno”, argumentó.
Pese a las advertencias oficiales, la oposición parece decidida a avanzar con la ley en el recinto. El escenario anticipa una nueva pulseada entre el Congreso y la Casa Rosada, con la universidad pública como bandera de resistencia frente al ajuste.
