Más de 100 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas por la reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que comienzan hoy, a las 10 de la mañana, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo, por desición de las autoridades, solo un grupo reducido de personas podrá hablar en la audiencia, mientras que el resto podrá enviar videos por YouTube o presentar escritos.
Varios legisladores y las organizaciones de la sociedad civil denuncian que se "está cercenando el derecho a la participación pública" y "modificando las reglas ya establecidas, unilateralmente".
Frente a esta situación, el pasado jueves, Greenpeace presentó un escrito para que la Cámara de Diputados garantice la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública. También solicitaron que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video y que se designen veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales. El caso recayó sobre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, actualmente subrogado por Enrique Lavié Pico, que determinó que solo participen 400 personas de los más de 100.000 inscriptos.
Previamente, habían realizado una solicitud similar en el ámbito legislativo, los diputados Sabrina Selva (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) argumentando que "un proceso legislativo en el cual las instancias de participación pública resulten meramente formales o simbólicas incrementa significativamente el riesgo de judicialización".
En ese marco, iniciará la primera de las dos jornadas de participación en las audiencias públicas, que tendrá como protagonista a los expositores presenciales, junto a los diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.
La segunda jornada será el jueves 26 de marzo, con las intervenciones de los inscriptos de las provincias, que podrán participar de manera virtual. Con esta actividad se cerrarán las audiencias públicas, dando paso a encuentros de discusión parlamentaria y un potencial dictamen, el paso previo a que la Cámara de Diputados vote la reforma en el recinto. En caso de aprobarlo sin modificaciones, el proyecto se convertirá en ley, dado que ya cuenta con la media sanción del Senado.
El desarrollo de las audiencias públicas no solo definirá el alcance de la reforma a la Ley de Glaciares, sino también la calidad institucional del debate. La posibilidad de que miles de voces queden fuera de la instancia oral abre interrogantes sobre la transparencia y la legitimidad del proceso legislativo, en una discusión que involucra la protección de bienes comunes estratégicos y el derecho ciudadano a participar en decisiones de alto impacto ambiental.
