Luego de aprobar una serie de mejoras en las jubilaciones y la recomposición de la moratoria previsional, el Senado de la Nación convirtió en ley la declaración de emergencia para la discapacidad con 55 votos a favor y ninguno en contra (17 ausentes).

La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. "Hace seis meses que no cobran", dijo el puntano Fernando Salino (del peronismo de Convicción Federal).

A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes. Se pedirá la actualización de estos montos, que para junio del 2025 es de $213.286,50. "El Estado debe atender, la mayoría de las familias con este tipo de dificultades no tienen los ingresos suficientes para la educación y la salud de sus hijos", señaló el fueguino Pablo Blanco (UCR).

Por otro lado, se plantea aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. La iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)

Con la aprobación del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, el Senado avanzó con siete proyectos y evidenció la fragilidad parlamentaria del Gobierno.

Los proyectos que tuvieron media sanción -por lo que precisarán votación en Diputados- contó con el impulso de los 24 gobernadores, que exigen para que haya un reparto automático a las provincias del 1% los ATN considerando que se hace de forma discrecional, para que se coparticipe automáticamente entre provincias según la Ley de Coparticipación Federal.

A su vez, se eliminarán seis fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda) financiados con el impuesto a combustibles y se redistribuirán esos fondos: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social de las obligaciones previsionales nacionales.

Previamente, se convirtieron en ley el aumento del 7,2% de los haberes previsionales, el incremento del bono extraordinario (de $70.000 a $110.000) y la recomposición de la moratoria previsional. Luego, se sancionó la declaración de emergencia para el sector de discapacidad hasta el 2027 y se revirtió el veto presidencial por el temporal en Bahía Blanca. Esta última iniciativa también debe regresar a Diputados.