La Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otros actores del sistema universitario, y rechazó la apelación del Gobierno nacional.
La resolución ratifica la obligación del Estado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en línea con los reclamos sostenidos por las universidades públicas.
La medida cautelar ordena la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, tomando como referencia el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y septiembre de 2025, fecha de sanción de la norma. Asimismo, dispone la actualización de los montos correspondientes a los programas de becas estudiantiles.
El fallo se da en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de docentes y nodocentes universitarios que mantienen medidas de fuerza en todo el país, y de restricciones presupuestarias que afectan el funcionamiento del sistema universitario.
Con esta decisión, la Cámara obliga al Gobierno a avanzar en el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
