Rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional y docentes, nodocentes y estudiantes agrupados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Bajo el lema, "en defensa de la Educación la Universidad Pública y la Ciencia Nacional", toda la comunidad se reunirá en una cuarta convocatoria federal, que se espera será tan convocante como las primeras tres Marchas Federales que fueron multitudinarias.

La Ley de Financiamiento Universitario 27.795, obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles, además de garantizar el funcionamiento de las universidades mediante partidas presupuestarias acordes al contexto inflacionario. La normativa había sido vetada por el Presidente, pero luego ratificada por el Congreso con los dos tercios necesarios, lo que la convirtió en ley vigente. Ante su incumplimiento, la Justicia ordenó, en dos instancias, su aplicación “inmediata”.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió insistir en su estrategia judicial y llevó el caso al máximo tribunal, argumentando que la ley es inconstitucional por no establecer la fuente de financiamiento, un planteo que ya había sido rechazado por la Cámara por considerarlo “absurdo”. Con esta presentación, el gobierno busca evitar la transferencia de fondos hasta que la Corte se expida, lo que en los hechos implica no cumplir ni con la ley ni con la orden judicial vigente.

En este contexto, el conflicto salarial continúa profundizándose. Según denunciaron gremios docentes y nodocentes, este lunes el Gobierno dispuso un aumento salarial unilateral del 1,7% para el mes en curso, sin convocatoria a paritarias, en línea con la política de incrementos definidos por fuera de la negociación colectiva. La pérdida salarial acumula ya 17 meses consecutivos, solo en 2025 la caída fue de 35 puntos, mientras que en 2024, que registró una inflación del 118%, los salarios no tuvieron ningún aumento. Según estudios, en términos acumulados el deterioro alcanza los 141 puntos en dos años, una cifra que equivale a haber trabajado sin percibir ingresos durante siete de los últimos 24 meses y que ubica el poder adquisitivo en niveles similares a los del 2002.

A la par, el ajuste presupuestario impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de las universidades. Los fondos destinados a gastos operativos como servicios básicos registran un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, según informó el Consejo Interuniversitario Nacional. Este escenario limita actividades académicas, de investigación y extensión, y agrava las condiciones de cursado en todo el país.