La Cámara de Diputados de la Nación tratará este miércoles desde las 15 horas la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, luego de que oficialismo lograra un dictamen de mayoría en en medio de cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el acceso al agua y por las limitaciones en el proceso de participación pública previo a esta definición.
La normativa vigente protege no solo a los glaciares, sino también al ambiente periglacial, un sistema esencial para la regulación hídrica en regiones de montaña. Allí, el suelo congelado, las nieves permanentes y otros componentes naturales cumplen la función esencial de almacenar y liberar agua de manera gradual, alimentando ríos y cuencas a lo largo del año.
Ese agua es la que más de 7 millones de argentinos consumen, incluyendo a los habitantes de Jujuy.
Aunque algunos glaciares, sobre todo los de nuestra provincia, no son de hielo blanco sino de rocas congeladas, alimentan las cuencas de ríos como como el Guerrero, Reyes y Xibi Xibi.
La modificación a la ley permitirá que cada provincia defina qué actividades se pueden realizar en estos glaciares y en el ambiente periglacial, es decir, toda la zona que circunda a los glaciares donde el suelo permanece congelado gran parte del año y funciona como una reserva natural de agua regulando el flujo hídrico hacia ríos y cuencas, asegurando el abastecimiento de agua en regiones como la cordillera argentina.
Modificar estos alcances podría habilitar actividades en zonas sensibles, alterando ese equilibrio. En provincias cordilleranas como Jujuy, donde el agua depende en gran medida de estos sistemas, el impacto podría sentirse tanto en el consumo humano como en la producción agrícola y ganadera.
El debate legislativo llega precedido por audiencias públicas atravesadas por la polémica. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar, pero solo 400 pudieron exponer de manera oral. El resto debió enviar presentaciones por escrito o a través de videos, en un esquema que fue cuestionado por restringir la participación prevista en este tipo de instancias.
Las audiencias públicas son un mecanismo de participación ciudadana sostenido en normativas nacionales e internacionales, para que la comunidad pueda expresarse respecto a decisiones sobre bienes comunes, especialmente sobre un asunto tan vital como la posibilidad de acceder al agua.
Sin embargo, este derecho no fue cumplido.
En ese marco, casi la totalidad de quienes lograron intervenir expresaron su rechazo a la reforma. Entre los principales argumentos, se repitieron las advertencias sobre la posible flexibilización de la protección ambiental, el riesgo para las fuentes de agua y la falta de garantías en el proceso de discusión.
Organizaciones socioambientales y referentes políticos señalaron que limitar la participación no solo afecta la calidad del debate, sino que también debilita la legitimidad de una decisión que involucra bienes comunes estratégicos.
Con la media sanción del Senado ya otorgada, de aprobarse sin modificaciones en Diputados, la reforma quedará convertida en ley.
