Empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado de la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATE-CNEA) repudian el intento de privatizar la Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), empresa pública que administra las centrales nucleares del país; y denunciaron el avance del gobierno en exigir la entrega del paquete accionario de CNEA en NA-SA, dejándolos fuera sin considerar que son actores fundamentales en el desarrollo nuclear argentino.
Según la información, el avance privatizador forma parte de un proceso de desguace y entrega del sector nuclear argentino, que incluye la paralización del proyecto de central nuclear nacional CAREM, el intento de entrega de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), la privatización de la producción del reactor RA-10, la destrucción de proyectos estratégicos por falta de presupuesto y el pedido de renuncias con pérdidas de trabajadores calificados por salarios indignos.
En ese contexto, los trabajadores de la CNEA sufrieron un congelamiento salarial que empujó a más del 80% del personal a cobrar por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, las jubilaciones compulsivas están vaciando áreas enteras, y, sin pase a planta permanente, becarios y contratados abandonan el organismo; además los recortes presupuestarios dejaron sectores enteros sin insumos mínimos para funcionar.
Ante esta situación, los trabajadores realizaron una convocatoria nacional en las diferentes sedes de la CNEA para exigir al presidente del organismo Germán Guido Lavalle, la recomposición salarial urgente, el pase a planta para todos los becarios y contratados, presupuesto real para funcionar y desarrollar todas las líneas de trabajo, la finalización del vaciamiento y la privatización del sector nuclear.
Al respecto, Daniel Sánchez, delegado gremial de ATE-CNEA Buenos Aires, expresó que el gobierno “viene con estos planes de desregularización, privatización de nuestras empresas, quieren llevarse la renta que generan, y nosotros nos oponemos totalmente a esto”.
En se sentido, subrayó que se trata “de un patrimonio que ha generado el pueblo argentino para pelear con la pobreza energética, además estas disposiciones de los proyectos neoliberales buscan frenar el proceso industrial”.
Sánchez, recalcó que la desregulación trajo aparejado “un desastre salarial por lo que muchos compañeros no llegan a fin de mes, además permitieron la instalación de empresas extranjera en el país para poder robarnos trabajadores por salarios baratos por lo que se frenaron muchos proyectos”.
