En el marco de una nueva sesión plenaria establecida por la Ley de Salud Mental (a la que la provincia adhirió años atrás), la titular del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos, habló sobre la situación actual en la materia. Problemas de diagnóstico, aumento de suicidios en niños y adolescentes, la falta de articulación institucional y los desafíos que aún persisten en la implementación de la ley fueron algunos de los ejes abordados.
Respecto a la función cumple este plenario en el marco de la Ley de Salud Mental, Gabriela Burgos, titular del Ministerio Público de la Defensa señalo que tal como lo establece la Ley de Salud Mental, a la cual la provincia adhirió hace algunos años, todos los años se llevan adelante los plenarios que lo conforman con todos los integrantes que la ley provincial establece. “Según nuestra legislación, son 16 los integrantes. Desde el equipo técnico que se encuentra dentro del Ministerio de la Defensa, hacemos la presentación del orden del día y de los temas que se van a tratar”.
Acerca de los aspectos que se vienen destacando reiteradamente en estos plenarios, la Dra Burgos dijo que las recomendaciones tienen que ver, en forma reiterada, con mejorar el sistema de salud dentro del área de salud mental, “por eso es importante la cantidad de integrantes que lo componen: desde lo judicial hasta la parte de salud, que es primordial, porque es el que dispara todas las acciones tendientes al desarrollo y, por sobre todo, al respeto de los derechos humanos”.
En relación a las principales problemáticas que encuentran desde el trabajo diario preciso la responsable del Ministerio que las problemáticas de salud mental son múltiples y variadas, “lo que observamos es que los índices de suicidio han aumentado drásticamente, sobre todo en la adolescencia, en niños y adolescentes. El consumo no es la principal causa de salud mental, a pesar de que hay un fantasma sobre ese tema”. A la vez resalto que “hay otras enfermedades vinculadas. También hay un índice importante de no diagnóstico, tanto en niños como en adultos”.
Con respecto al rol cumple la educación, tomando en cuenta los casos de bullying, señalo que es una problemática que viene desde hace muchísimo tiempo en la sociedad y, luego de la pandemia, ha explotado. En esta línea sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes la abogada expresó que las redes sociales son un factor relevante. Hay una carencia de conocimiento sobre su uso, por lo que “los adultos no pueden estar al margen de eso, dejándolo como un campo exclusivo de los adolescentes. Justamente, son adolescentes, y adolecen de la capacidad o de la energía suficiente para tolerar el mundo en el que están insertos. Los adultos aún no entendemos cómo funcionan las distintas redes, y eso ha ocasionado una problemática seria en ese espectro”.
Tomando en cuenta los casos de suicidios de chicos y no solo de adolescentes agregó que “estamos observando eso y es altamente preocupante. Lo que importa es la contención. Se trata de una realidad que no podemos negar: la problemática de salud dentro de la sociedad”. Por lo que señalo que el tema de la salud mental es una preocupación transversal, y no es exclusivo de una edad.
obre el rol del Ministerio en esta temática, la Dra. Gabriela Burgos dijo que “nosotros no generamos política pública desde el ministerio, pero dentro del equipo técnico lo que se hace es corroborar que todas las instancias dentro del seguimiento de los casos se han cumplido”. A la vez destacó que también se trabaja con el Poder Judicial. Y que “todavía se mantienen ciertos acervos sobre las personas incapaces. Hoy la regla es la capacidad, y excepcionalmente se establece la incapacidad”.
Seguidamente sobre cómo se traduce ese cambio en la práctica, Burgos explicó que hay otros factores intermedios, como apoyos y colaboradores, que deben estar presentes. Pero ese cambio de paradigma aún no ha repercutido como debería en el cumplimiento de una ley que ya tiene bastantes años.
Por último, consultada sobre si considera que sería necesaria una revisión de la legislación vigente en la provincia, la defensora dijo que “yo creo que tenemos que seguir articulando con los distintos operadores que participamos. A veces hay una falta de comunicación o de conexión, o información incompleta, que es uno de los factores que venimos destacando como recomendación. Eso también facilitaría los informes y estadísticas para detectar y atacar los núcleos fundamentales donde se pueda trabajar en forma conjunta”, subrayó.
