El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque dispuso que su aplicación quedará suspendida hasta que el Congreso incorpore partidas específicas en el Presupuesto 2026. Así lo establece el Decreto 681/2025, que se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629 —toda norma con gasto queda en suspenso hasta contar con financiamiento— y en el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a precisar las fuentes de recursos. La medida llega luego de que la norma, vetada en agosto por el Ejecutivo, fuera insistida y sancionada por el Congreso con mayoría agravada.

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó en UNJu Radio la decisión oficial y advirtió que el Gobierno “no respeta la Constitución”. Señaló que se viene dilatando la entrada en vigencia de la norma “en un contexto de emergencia que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias”.

Troiano remarcó que una vez promulgada, la ley debe cumplirse y no postergarse: “El Estado tiene que asumir su responsabilidad y dejar de trasladar la carga de un poder a otro, porque mientras tanto hay personas que no acceden a sus tratamientos, niños que no pueden ir a la escuela o pacientes que se quedan sin medicamentos que resultan vitales”.

Además, alertó sobre la situación de las pensiones por discapacidad: “Hay 110.000 pensiones suspendidas, y en el 50 % de los casos fue porque las personas no asistieron a auditorías a las que nunca fueron notificadas”. Finalmente, convocó a la sociedad a mantenerse activa: “No hay que quedarse callados; la ley, por obligación, el Gobierno la tiene que cumplir”.