El viernes pasado la Justicia convocó al CIN y al Gobierno a una audiencia de conciliación en la que cada parte ratificó su posición y no se alcanzó un acuerdo. La audiencia se da luego de que quedara firme una medida cautelar que obliga al Ejecutivo Nacional a cumplir con los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario referidas a los salarios, becas y hospitales universitarios.

Sin embargo, el Gobierno aún no cumplió con el envío de estos fondos y tampoco con el compromiso asumido en la última reunión paritaria.

"Tuvimos una audiencia de conciliación en el juicio que 59 universidades nacionales de todo el país promovieron contra el gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Lamentablemente no sirvió para nada.

En un primer momento el gobierno se había comprometido oralmente a girar a los hospitales universitarios, que atienden millones de personas, los fondos que necesitan porque están al borde del colapso, y ya no tienen un peso para seguir trabajando. Después de haberse comprometido oralmente se negaron a firmal el acta de la audiencia. Se negaron a firmar lo que habían dicho con el juez.

El Gobierno quería que el juzgado fije otra audiencia para dentro de 30 días suspendiendo el procedimiento, es decir quieren seguir ganado tiempo para no cumplir la media cautelar firme que la Corte Suprema dejo constituida en junio. Pasó casi un año desde el dictado de la ley y casi dos meses desde que la Corte Suprema le ordenó cumplir y el gobierno sigue sin cumplir", contó el abogado patrocinante del CIN, Pablo Manili.

Ante esta situación, hoy lunes se reunirán el CIN, el Frente Sindical Universitario y la FUA "para analizar y resolver en consecuencia las próximas acciones dentro del plan de lucha acordado".

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde que asumió la presidencia Javier Milei, por lo que requerirían un incremento superior al 50% para equiparar el nivel de compra que tenían en diciembre de 2023.

Según el CIN, desde el inicio del la gestión libertaria más de diez mil docentes e investigadores renunciaron a sus cargos en universidades nacionales. 

Todo esto se debe a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la Ley ratificada en octubre del 2025, lo que tiene un impacto directo sobre los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas, y sobre las partidas destinadas a los sueldos del personal y los programas de becas estudiantiles.

Mientras se esperan las definiciones del Frente Sindical, los estudiantes y los rectores, el próximo jueves 27 y viernes 28 de agosto está anunciado un paro de nodocentes y de algunos gremios docentes.