A través del decreto 462/2025, el Gobierno nacional oficializó esta semana una transformación en organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Ambas instituciones dejarán de ser entes descentralizados, perderán autonomía financiera y pasarán a depender jerárquicamente de otras secretarías del Estado.

Todo esto en medio de protestas de trabajadores y advertencias de especialistas que sostienen que la medida podría ocasionar un fuerte impacto negativo en el entramado científico-productivo nacional y regional, especialmente en provincias como Jujuy.

INTI

Desde su creación en 1957, el INTI fue un organismo técnico de referencia para la industria nacional. Hasta ahora, funcionaba con autarquía operativa y financiera, brindando más de 8.500 servicios vinculados a metrología, certificación, innovación tecnológica y control de calidad para múltiples sectores productivos, especialmente PyMEs.

El decreto convierte al INTI en una "unidad organizativa dependiente" de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Se disuelven sus estructuras técnicas y administrativas, sus ingresos pasan al Tesoro Nacional, y se autoriza la creación de centros de investigación con respaldo privado. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la decisión afirmando que se conservará “exclusivamente al personal técnico necesario para funciones esenciales”.

Sin embargo, especialistas advierten que esta transformación significa una degradación institucional.

“Todo lo que se mide en Argentina pasa por el INTI. Sin sus controles, se pone en riesgo la seguridad y calidad de productos que usamos a diario”, señaló Jorge Schneebeli, ex vicepresidente del organismo.

Y es que desde el control de válvulas de gas, hasta el tipo de plásticos que se utilizan para hacer una mamadera, pasan por el INTI para poder ser certificados.

El trabajo del INTI en Jujuy

En Jujuy, el INTI cumple un rol estratégico para el desarrollo local. Asiste técnicamente a curtiembres, plantas lácteas, proyectos de pellets con residuos forestales y emprendimientos alimentarios y textiles. Integra la Mesa Textil Camélida, acompañando a comunidades de la Puna y la Quebrada en el agregado de valor a la fibra de llama y vicuña.

Además, promueve la innovación industrial regional, mejora procesos en cooperativas y pequeñas empresas, y articula con sectores productivos mineros y agroindustriales, siendo un soporte indispensable para garantizar calidad, trazabilidad, seguridad e inserción en mercados.

INTA

En paralelo, el INTA fue reconfigurado como “organismo desconcentrado” bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se elimina su conducción colegiada y se reemplaza por un presidente designado por el Ejecutivo, asistido por un Consejo Técnico ad honorem.

Desde su creación en 1956, el INTA impulsó desarrollos como la soja, la siembra directa, la avena apta para celíacos, quesos que reducen colesterol, tambos robotizados y una nueva vacuna contra la fiebre aftosa. También brinda servicios a productores agropecuarios como análisis de laboratorios, consultorías, capacitaciones y ensayos de campo.

El INTA posee sedes en todo el país y tiene alrededor de 6.300 empleados. El presupuesto que recibe solo significa el 0,23% del gasto nacional, mientras que su tarea es indispensable para el desarrollo rural, la innovación agropecuaria y la soberanía alimentaria.

El trabajo del INTA en Jujuy

En Jujuy, el INTA tiene una fuerte presencia territorial con sedes en Perico, Yuto, Abra Pampa y otras localidades. Entre sus principales líneas de acción se destacan:

  • Educación agrotécnica: formación en producción sostenible, manejo de plagas, lombricultura y riego para estudiantes y docentes de escuelas rurales.

  • Compostaje y agricultura regenerativa: estudios junto al GIRSU para el uso de compost agroecológico como insumo en viveros forestales.

  • Proyectos agroecológicos: asesoramiento técnico a productores de la Quebrada, la Puna y el Ramal en horticultura, ganadería caprina y apicultura.

  • Investigación y mejoramiento productivo: evaluación de técnicas como el mulching en cultivos andinos, investigación sobre adaptación de pitahaya en Yuto, y fortalecimiento genético de frutales de carozo.

  • Apoyo a la agricultura familiar: implementación de huertas agroecológicas urbanas y periurbanas que promueven soberanía alimentaria y sustentabilidad.

El impacto del INTA en la provincia es directo y tangible porque mejora la productividad, cuida los suelos y acompaña a pequeños productores que hoy, sin asistencia, quedan expuestos a la incertidumbre.

"Esta es una política de ajuste y desgaste, venimos con una 'reorganización' y reducción de servicios como por ejemplo con Pro Huerta, pero seguimos teniendo la misma demanda de la comunidad", dijo al respecto Martín Galarza, trabajador del INTA Tartagal, una extensión de la Estación Experimental Agropecuaria Yuto. 

Galarza explicó que aunque se encuentran sin insumos y con incertidumbre respecto a su futuro laboral "seguimos brindando asistencia técnica a las comunidades, ya que la asistencia del INTA permite que se de respuesta a demandas que no resuelven los gobiernos, por ejemplo con el acceso al agua para usos múltiples".

"La posibilidad de pérdida de trabajo está latente pero igual seguimos adelante. Hay situaciones fuertes, un cambio de discurso político que plantea que ya no se deben atender las demandas, aunque ya tenemos un vínculo histórico con esas comunidades".

"El panorama es de mucha incertidumbre y miedo".

Un retroceso estratégico

La reestructuración de estos organismos pone en riesgo décadas de construcción institucional, redes federales de conocimiento y servicios que benefician a sectores productivos, científicos y sociales en todo el país. En provincias como Jujuy, donde el desarrollo industrial y agropecuario depende en gran parte del acompañamiento técnico estatal, la medida representa un retroceso estratégico.

Lejos de ser “gastos innecesarios”, como afirma el Gobierno, el INTA y el INTI son parte de un modelo productivo basado en la innovación, la inclusión y la soberanía tecnológica.

Su debilitamiento no solo afectará a los trabajadores sino que también golpeará a la industria, al agro, a las economías regionales y a la seguridad de toda la comunidad.