Lucio Mamaní, secretario gremial de los trabajadores viales en Jujuy, advirtió sobre las graves consecuencias del decreto presidencial que disuelve Vialidad Nacional. La medida afecta directamente a 126 trabajadores en la provincia y pone en riesgo la conectividad, el mantenimiento de rutas y la soberanía territorial.

Lucio Mamaní, ¿cómo tomaron esta información y cuál fue la reacción de los trabajadores en Jujuy?
Desde este secretariado queremos informar a la sociedad sobre la terrible decisión que ha tomado el gobierno nacional: cerrar Vialidad Nacional, un organismo con más de 90 años de historia, clave para la seguridad vial, la conectividad federal, el desarrollo productivo y la soberanía territorial. Es un grave error que perjudica no solo a nosotros, sino al pueblo entero.
¿Cuántos trabajadores hay en la delegación de Jujuy?
Somos 126 compañeros. Yo también formo parte de esos 126.
¿Ya venían previendo esta situación?
Sí, desde que asumió el presidente Milei veníamos con esta preocupación. Él ya en campaña anunciaba la “cero obra pública”. Esta disolución total no tiene plan alternativo, ni personal capacitado que reemplace a quienes trabajamos en una institución netamente técnica. Hemos acudido en múltiples emergencias, como en Volcán o Roque Angostura.
¿Qué rutas están bajo la competencia de Vialidad Nacional en la provincia?
Tenemos a cargo el mantenimiento de la ruta 34, la 9, la 52 y la 40.
En el decreto se habla de concesionar las rutas nacionales. ¿Qué opinan de eso?
Ellos piensan concesionar los tramos de mayor productividad comercial, pero no dicen nada sobre el mantenimiento de rutas en zonas donde no hay gran actividad económica. Esos pueblos van a quedar abandonados. Estamos hablando de 9000 km de rutas a concesionar, pero Vialidad mantiene 40.000 km. ¿Qué pasa con el resto?
¿Qué acciones tienen previstas?
Estamos preparando un amparo colectivo porque creemos que este decreto es inconstitucional, vulnera nuestros derechos laborales. También estamos en conversaciones con legisladores nacionales de la provincia. Este decreto tiene que pasar por la Comisión Bicameral y luego por el Congreso. Esperamos que los diputados jujeños estén alertas y actúen en consecuencia.
¿Algún diputado ya se acercó?
Sí, estamos dialogando, pero queremos seguir conversando entre compañeros y más adelante informaremos sobre próximos pasos.
¿Cuál es el estado de ánimo de los trabajadores?
Angustia total. El artículo 36 del decreto dice que seguiremos funcionando, pero no especifica hasta cuándo ni bajo qué condiciones. Hay una incertidumbre tremenda.
¿Qué opinan del argumento oficial sobre el ahorro fiscal?
Ese ahorro es un relato. No hay ahorro si no hay mantenimiento de rutas. Nos están dando un presupuesto con valores de hace dos años, totalmente insuficiente. Esto va a generar más gasto a largo plazo.
¿Hay un trasfondo de privatización detrás de estas medidas?
Estamos seguros de que sí. Las concesiones serán para sectores privados y en zonas rentables. No es un proyecto federal, es un proyecto de exclusión.
¿Cómo continuará la lucha?
Primero con acciones judiciales. Luego, en asamblea definiremos si habrá movilizaciones u otras medidas. Queremos que el pueblo sepa lo necesario que es Vialidad. Sin rutas, no hay país.