Tras el rechazo del Senado al veto presidencial, la Ley de Emergencia en Discapacidad quedó firme y deberá ser promulgada. Gabriela Troiano, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, destacó que la norma “es fruto de la lucha colectiva” y advirtió que el Gobierno nacional busca judicializar su aplicación para demorar la puesta en marcha de los beneficios.
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró la decisión del Senado de rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con esta medida, la norma deberá ser promulgada y publicada en el Boletín Oficial, obligando al Ejecutivo a asignar los fondos necesarios para su cumplimiento.
“Estamos muy contentos, es una lucha de todo el colectivo, de familiares y prestadores. La ley era una necesidad imperiosa, quedó demostrado con la visibilización de las realidades que atraviesan las personas con discapacidad”, afirmó Gabriela Troiano.
El núcleo de la normativa contempla la actualización de pensiones, asignaciones y honorarios de asistentes educativos, acompañantes terapéuticos, transportistas y talleristas, que llevaban más de un año sin ser reajustados. También busca regularizar la cobertura de terapias, rehabilitación y transporte accesible, ante los obstáculos impuestos por prepagas y obras sociales.
Sin embargo, el Gobierno nacional ya anticipó que intentará judicializar la medida. Para Troiano, las chances de éxito son nulas: “Siguió todos los pasos que marca la Constitución. Lo que buscan es demorar el acceso a derechos. Si nos pudieran exterminar, lo harían”, resaltó.
En paralelo, defensorías provinciales presentaron amparos para frenar auditorías y exigir la restitución de pensiones no contributivas que habían sido suspendidas de manera irregular. La situación, denunció la dirigente, llegó incluso a Naciones Unidas.
Troiano remarcó la importancia de unidad y organización social que se mantuvo firme por ello subrayó que “la gran lección es que cuando la sociedad se une por un fin común, se logran cambios reales. Más allá de lo que diga el gobierno, este es un antes y un después para las personas con discapacidad y para la defensa de los derechos en la Argentina”.
