A partir de las 11 de la mañana, el Senado de la Nación buscará rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, además de darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La emergencia en discapacidad fue aprobada en el mes de julio y garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos y que cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023, pero fue vetada por el presidente Javier Milei.
El pasado 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, y se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto en Senadores.
Si la oposición impone una mayoría, Javier Milei no puede volver a vetar la emergencia en discapacidad.
La otra iniciativa busca la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
