A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno convocó a una licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
Julio Pomo, coordinador nacional de la Asociación Pueblos Unidos por el Tren, realizó en UNJu Radio un análisis sobre la decisión del gobierno nacional.
Sobre el tema, Pomo aseguró: "Nosotros estamos trabajando, sobre todo en el interior del país, estoy hablando desde Buenos Aires, pero trabajamos mucho en el interior, hace más de siete años empezamos a recorrer los lugares de nuestra patria profunda, todas las localidades que están alejadas, y así tener un diagnóstico de qué es lo que pasaba con la comunicación de esa gente".
Pomo aseguró que la pérdida de los servicios ferroviarios no solo afectó al transporte, sino también a la comunicación entre localidades, al desarrollo productivo y al arraigo de las comunidades del interior. "Fuimos perdiendo comunicación, fuimos perdiendo soberanía", afirmó.
Al ser consultado si tuvieron alguna respuesta por parte de los funcionarios del gobierno nacional, Pomo detalló: "Fuimos presentando planes, logramos algún tipo de avances, desgraciadamente la gente de este gobierno no nos recibió todavía, pero no cesamos en nuestra lucha, ahora estamos planeando un Congreso federal de ferrocarriles aquí en Capital, para el mes de diciembre, estamos llamando a todas las instituciones que defienden la causa ferroviaria, además, al público en general, a las instituciones que no tienen que ver con el ferrocarril, pero sí son afectadas por la falta de este medio de transporte".
Hay que recordar que uno de los principales planteos de la Asociación Pueblos Unidos por el Tren es que la discusión no quede limitada a los servicios de corta distancia. "Necesitamos recuperar los trenes que lleven a la gente y a nuestra producción", remarcó Pomo.
En ese sentido, Pomo sostuvo que la recuperación ferroviaria tendría un impacto directo sobre las comunidades del interior, especialmente en aquellas localidades donde los habitantes tienen dificultades para trasladarse hacia centros urbanos.
Pomo insistió en que el debate sobre el futuro del ferrocarril debería abandonar las discusiones coyunturales y avanzar hacia una planificación concreta.
Los detalles del proyecto presentado por el gobierno
El modelo diseñado por el Gobierno no contempla el pago de cánones ni subsidios estatales a los futuros concesionarios. Sus ingresos provendrían principalmente del cobro de peajes a los operadores ferroviarios y de la explotación comercial de los inmuebles asociados a las trazas, entre ellos silos y parques logísticos.
El proyecto original prevé inversiones por unos 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza. A su vez, se estableció un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto de las obras previstas.
El proceso quedó además alcanzado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), luego de que el Gobierno incorporara las obras de infraestructura ferroviaria al programa. El beneficio incluye proyectos de renovación, sustitución, transformación y desarrollo de infraestructura existente, además de nuevas obras, aunque deja afuera las tareas de mantenimiento y conservación de infraestructura preexistente.
La crítica por parte de la Asociación Pueblos Unidos por el Tren
Los cuestionamientos apuntan a que la privatización desarticula un sistema integral de transporte de carga en favor de un modelo extractivo de negocios.
Al ceder la infraestructura al cobro de peajes y rematar el parque rodante, desde la Asociación señalaron que se encarecerá la logística para los pequeños y medianos productores del norte y centro del país, priorizando únicamente los corredores rentables vinculados a la agroexportación y la minería.
La postura de los gremios
Los gremios ferroviarios y referentes de las provincias afectadas denunciaron que el desprendimiento de un sistema que conecta economías regionales de 16 provincias representa una pérdida absoluta de soberanía estratégica y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, en un contexto de repliegue generalizado de la inversión pública federal.
