Este jueves se realizará en todo el país una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad. La convocatoria, impulsada por organizaciones de personas con discapacidad, familiares, profesionales y prestadores de servicios, busca visibilizar el colapso del sistema de prestaciones y exigir la urgente aprobación del proyecto que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. En Jujuy, la concentración será a las 19 horas en Plaza Belgrano.

La iniciativa legislativa propone actualizar el nomenclador nacional —el listado que fija los valores de las prestaciones— para garantizar el acceso a derechos básicos. Según denuncian las organizaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, actualmente se autorizan menos sesiones de las prescriptas por los profesionales, los honorarios no se actualizan desde septiembre de 2023 y los pagos a terapeutas se demoran entre tres y cuatro meses. Además, muchos profesionales deben afrontar con recursos propios los costos de traslado y materiales para la atención.

"Estamos ante una emergencia en discapacidad. Esta es una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo y tiene que ver con la no actualización de nomencladores básicos. El nomenclador establece un precio para cada prestación a nivel nacional, está reglado por ANDIS, y viene con atrasos constantes. En los últimos dos años, se congeló el valor de las prestaciones mientras los gremios que regulan la actividad fueron incrementando el valor de la hora profesional, lo que nos llevó a una situación de insostenibilidad del sistema", expresó Patricio Carrillo, presidente de la Asociación Todos Juntos.

Las instituciones afirman que no podrán sostenerse si no hay una respuesta concreta del Gobierno nacional y sostienen que el sistema está atravesado por una “crisis de previsibilidad” que afecta directamente la gestión de centros e instituciones que brindan atención.

"El pago es a 60 o 90 días. Lo que facturamos en mayo lo cobramos en agosto. Y ahora hay meses que directamente no se pagan. Esto no permite planificar y complica la gestión. Nosotros, como institución, decidimos no trasladar esos problemas a las familias, que ya están muy presionadas y enfrentan las auditorías. Esta vez necesitamos que se resuelva para bien, porque la labor que hacen instituciones como la nuestra es muy importante para la sociedad", agregó.

A pesar de que el proyecto estaba previsto para tratarse hoy, su discusión en Diputados fue postergada para el próximo 4 de junio. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) difundió un comunicado en el que expresó su "enérgico rechazo" a la propuesta. “Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”, señala el texto oficial.

Desde las organizaciones, sin embargo, insisten en que el proyecto tiene amplio consenso entre instituciones intermedias y legisladores, y advierten que se trata de un tema que "nos puede atravesar a todos".