En medio del escándalo por la filtración de los audios de la presunta corrupción en el Gobierno nacional, el Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, logró una medida cautelar que ordena el cese de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados supuestamente en la Casa de Gobierno. La resolución judicial, firmada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, prohíbe a medios y redes sociales publicar esos audios "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".
Además, el Gobierno solicitó allanamientos al medio digital Carnaval Stream y a los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, ya que, según el vocero presidencial, Manuel Adorni, esa difusión se enmarca en “una operación de inteligencia no institucional” contra el Ejecutivo.
Por estos audios –que complementan otros difundidos a fines de agosto en los que el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, mencionaba maniobras de coimas que incluían a Karina Milei y a los Menem– la Casa Rosada denuncia una estrategia planificada para desestabilizar al gobierno en plena campaña electoral.
Ante este escenario, diversos actores expresaron su repudio inmediato a las medidas, como FOPEA que denunció que la medida cautelar “constituye un acto de censura previa” incompatible con la Constitución y alertó sobre la severidad institucional de los allanamientos solicitados.
Además, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) consideraron que los allanamientos vulneran la protección de la fuente periodística y denunciaron una criminalización del ejercicio profesional. También la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) repudió las acciones del Gobierno y defendió a los periodistas como pilares de la libertad de opinión.
Personas de la política también se expresaron y desde Unión por la Patria, Germán Martínez, dijo que "La cautelar… es ESCANDALOSA. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei, mientras que el senador de la UCR, Martín Lousteau, denunció el pedido de allanamientos como un acto de “autoritarismo sin precedentes”.
Por su parte, los constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez señalaron que estas acciones violan el derecho de los periodistas a informar y que la censura previa es inconstitucional, especialmente cuando se trata de asuntos públicos.
Esta afrenta contra la libertad de prensa y determinados periodistas sucede en medio del escándalo que comenzó a fines de agosto, cuando se difundieron audios de Diego Spagnuolo, vinculando coimas en la compra de medicamentos desde la ANDIS, con supuestos beneficiarios como la hermana del presidente y los Menem. Esto terminó con su destitución. Días después, circuló una nueva grabación de Karina Milei, lo que provocó la reacción judicial y política para detener su difusión.
El Gobierno justificó las medidas señalando que se busca detener una operación política que pretende influir en la opinión pública y el proceso electoral.
"No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia", dice el comunicado del gobierno, que insólitamente atribuye esas operaciones a "intereses rusos y chavistas".
