Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, mediante el cual el Gobierno Nacional modificó de manera significativa la Ley 25.871, que regula la política migratoria argentina. Los cambios afectan algunos puntos como el acceso de los extranjeros a la ciudadanía, la salud y la educación.
Entre las modificaciones más relevantes, el decreto habilita a las universidades públicas a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, y permite que el sistema de salud exija pago previo o seguro médico para la atención, salvo en casos de emergencia. También endurece los requisitos para solicitar la ciudadanía argentina, eliminando la posibilidad de acortar plazos por servicios prestados al país y restringiendo ese beneficio únicamente a quienes hayan realizado una “inversión relevante”.
Hasta ahora, la ley promovía la inmigración como herramienta para poblar y enriquecer el territorio, garantizando el acceso igualitario a la educación y a la salud, sin importar la situación migratoria. La nueva redacción modifica esa perspectiva.
Por ejemplo, el artículo 6 original garantizaba a los inmigrantes y a sus familias los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. En cambio, el nuevo texto limita el acceso solo al migrante y condiciona derechos como la salud, la justicia y la educación según la categoría migratoria.
Educación
En el caso del acceso educativo, los cambios afectan particularmente al nivel superior: se elimina la garantía de gratuidad para personas migrantes sin DNI, y se abre la posibilidad de que las universidades públicas cobren por sus servicios a extranjeros que no tengan ciudadanía ni residencia permanente. El derecho a estudiar sin discriminación se mantiene solo para los niveles inicial, primario y secundario.
También se modificó el artículo 143 de la Ley de Educación Nacional, que hasta ahora aseguraba condiciones de acceso y permanencia para todos los niveles educativos a personas sin DNI. Con el nuevo decreto, solo se garantiza para los niveles inicial, primario y secundario, excluyendo a las universidades.
Sistema de salud
El decreto también establece un cambio importante en el sistema sanitario. Si bien garantiza la atención en casos de urgencia para todos los extranjeros, para otros servicios habituales se exigirá el pago previo o la presentación de un seguro de salud. Solo las personas con residencia permanente podrán acceder al sistema público en igualdad de condiciones con ciudadanos argentinos.
Ciudadanía
Antes del DNU, quienes residieran en el país durante dos años podían solicitar la ciudadanía, e incluso acortar ese plazo si habían prestado servicios relevantes a la Nación, como servir en el Ejército o establecer industrias. Ahora, esos antecedentes ya no serán tenidos en cuenta: solo se podrán acortar plazos en caso de “inversiones relevantes”.
Además, se modificaron los criterios sobre lo que se entiende por residencia continua y legal, y se redujo el plazo de validez de la residencia “precaria”, que pasa de 180 a 90 días.
Argumentos del Gobierno
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo nacional justifica estos cambios en función de un contexto migratorio global “más complejo”, citando como ejemplo el aumento de deportaciones en Estados Unidos. El texto sostiene que “las facilidades extremas” para ingresar y utilizar servicios públicos en Argentina podrían atraer una proporción importante de migrantes deportados, lo que generaría un impacto negativo en la economía y en los servicios esenciales del país.
Sin embargo, muchos de estos cambios restringen derechos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales, y ya han generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos, académicas y sociales.
