Hasta este jueves 11 de septiembre, el presidente Javier Milei tiene tiempo para vetar las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, además de la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores de provincias.

El plazo se desprende del artículo 80 de la Constitución Nacional, que establece que todo proyecto no devuelto dentro de los 10 días hábiles desde su comunicación al Poder Ejecutivo “se reputa aprobado”. Ese período se cumple esta semana.

Milei ya sufrió un traspié con el rechazo a su veto a la ley de emergencia en discapacidad, y un nuevo uso de esta herramienta podría profundizar el desgaste del oficialismo. El Gobierno enfrenta un escenario adverso: debilidad legislativa, fractura con gobernadores, varios de los cuales conformaron el frente Provincias Unidas, y el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

En caso de un nuevo veto, el Ejecutivo quedaría expuesto a que el Congreso insista con dos tercios de los votos. En el Senado, la emergencia pediátrica obtuvo 62 votos positivos, superando ese umbral, mientras que el financiamiento universitario alcanzó 58, quedando a un solo voto de lograrlo.

Lo que establece cada norma

• Financiamiento universitario: aprobada en el Senado el 22 de agosto, contempla paritarias para docentes y no docentes con actualización salarial por inflación, refuerzo de gastos de funcionamiento y creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Además, fija un financiamiento progresivo del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

• Emergencia pediátrica: declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y dispone que se garantice, en el marco de la ley, “su funcionamiento pleno y sostenido”.

  La iniciativa además establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

  También, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Asimismo, plantea la exención en Ganancias para todo el personal cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

• Distribución de los ATN: elimina la discrecionalidad política en el reparto de estos fondos y establece un mecanismo automático de distribución acorde a la ley de coparticipación. La Nación recibiría el 41,2%, mientras que las provincias se repartirían el 58,8% restante. Los mandatarios provinciales estiman que el impacto fiscal es mínimo —equivalente al 0,03% del PBI ($253.000 millones)— y advirtieron que “si nos convocan a una mesa de diálogo y arrancan vetando esta ley, será una declaración de guerra. Son recursos que ya les pertenecen a las provincias”.