Este jueves, a partir de las 10 de la mañana, el Senado sesionará para insistir sobre las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en salud pediátrica, ambas vetadas por el presidente Javier Milei. De rechazar los vetos, las leyes quedarían en vigencia.
Los vetos ya fueron rechazados por amplia mayoría en la Cámara de Diputados el pasado 16 de septiembre, cuando la emergencia en salud pediátrica reunió 181 a favor, 60 en contra y una abstención y la Ley de Financiamiento Universitario reunió 174 a favor; 62 en contra y dos abstenciones, en medio de una gran movilización popular.
En este marco, a partir de las 9 de la mañana, en el Consejo Superior de la UNJu, gremios, estudiantes, investigadores y docentes, darán una conferencia de prensa con el objetivo de solicitar a los representantes legislativos la insistencia con la Ley.
Además, en todas las Unidades Académicas se transmitirá la sesión en vivo y convocaron a un Ruidazo luego de la votación.
En Buenos Aires, universidades y médicos del Garrahan, marcharán hacia el Congreso donde, desde las 12 horas, realizarán una Radio Abierta.
Además de los vetos, la oposición también buscará agregar al temario un proyecto que tiene el objetivo de blindar el programa nuclear argentino y frenar la venta del 44% de las acciones de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), que tiene a su cargo tres centrales nucleares.
Bajo el título “El rol estratégico del sector nuclear para el desarrollo nacional”, la oposición rechazó el Decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que dispuso la privatización de parte de la empresa. La iniciativa cuenta con la firma de José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, y de otros 24 senadores.
Sin embargo, como el tema no figura en el plan de Labor Parlamentaria, su tratamiento en la sesión de este jueves dependerá de que obtenga el aval de dos tercios de los presentes.
También podría incorporarse al debate una propuesta para que el sistema de Alerta Sofía, utilizado en casos de desaparición de personas menores de edad, deje de depender de un decreto y quede regulado por una ley del Congreso.
