Las pensiones por discapacidad o por "invalidez laboral" son prestaciones no contributivas administradas por la ANDIS, son otorgadas a las personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), brindó detalles en UNJu Diario sobre la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad.
Sobre la grave situación que atraviesan las familias de las personas con discapacidad, Troiano detalló: "La situación que están atravesando las personas con discapacidad en Argentina es terrible, se viene haciendo una involución muy grande con respecto a los derechos que Argentina abrigó, también aprobó el protocolo facultativo de la Convención, cuando uno aprueba dicho protocolo, lo que dice como Estado es que se somete a la evaluación y a las sugerencias del Comité de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad".
En septiembre de 2024, el Gobierno publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 843/24, que impuso criterios que fueron cuestionados por la justicia argentina y por el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en sus evaluaciones de 2012 y 2023.
Desde ese momento, para acceder a estas pensiones se debe acreditar un 66% de disminución de la capacidad laboral y cumplir con otros requisitos restrictivos.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que las políticas del gobierno argentino están provocando un deterioro grave y extendido en las condiciones de vida del colectivo. La presentación responde a un pedido formal de información del organismo internacional, que examina desde hoy y hasta el 26 de agosto el cumplimiento de la Convención en Argentina.
El informe señala que la "auditoría de las pensiones por discapacidad" impulsada desde 2024 reintrodujo requisitos inconstitucionales y derivó en la suspensión de más de 110 mil beneficios, muchas veces sin notificación previa. Las organizaciones advierten que el sistema de citaciones por carta documento es inaccesible y que casi la mitad no se entregan. La pérdida de la pensión implica también la interrupción de la cobertura de salud, dejando a miles sin tratamientos esenciales.
Sobre el seguimiento que realizan las organizaciones de la sociedad civil, Troiano explicó: "Las organizaciones de la sociedad civil tenemos la potestad de hacer un seguimiento del cumplimiento de la convención y lo venimos haciendo desde el año 2008, que Argentina adhiere a esta convención en el año 2014, le da rango constitucional, en el marco de este seguimiento nosotros venimos informando al Comité de Naciones Unidas acerca de la grave situación por la cual atraviesa la discapacidad en Argentina".
"El 11 de agosto pasado, enviamos un informe en forma conjunta con organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones de personas con discapacidad y enviamos ese informe al
comité".
Hay que recordar que el otorgamiento de estas pensiones viene creciendo de manera ininterrumpida desde 2018. Según datos oficiales, ese año el 18,4% de las personas con Certificado Único de Discapacidad percibía una pensión no contributiva. En 2019 y 2020, la cifra trepó al 33,7%. Al año siguiente subió a 35,8%, y en 2022 -durante el gobierno de Alberto Fernández- llegó a 41,4%.
Entre enero de 2024 y abril de 2025, ya en la gestión de Javier Milei, se otorgaron en total 6.853 de este tipo de pensiones.
Troiano también detalló sobre la compleja situación que atraviesan los prestadores de la salud: "La situación es terrible, o sea, los prestadores están tratando de mantener el servicio, entonces, por ahí los chicos, en cambio de ir los cinco días de escuela, van dos o tres, porque también es muy bajo el monto a los asistentes educativos, la situación es tremenda desde el punto de vista que se la mire, porque no acceden a medicamentos, no acceden a tratamientos, a rehabilitaciones, el que no tiene plata no puede acceder a eso".
"Eso implica no solamente se deteriora su estado de salud, pero hay situaciones que han llegado a la muerte, ha habido casos en donde por decisión de este gobierno, donde quitan la pensión, si por ejemplo, el niño o la niña tiene una abuela que cobra una jubilación mínima y hubo un caso que la abuela mató al nieto y la justicia la exoneró, porque no tenía el dinero para poder mantenerlo con los tratamientos y la situación de sufrimiento que tenía el nieto, era tan grande, que le dijo a su abuela que prefería estar muerto a sufrir así, porque no podía sostenerlo y el estado no se hacía cargo de la situación de ese niño".
Por último, Troiano reiteró el pedido de anular los relevamientos realizados por el gobierno: "Las organizaciones, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de personas con discapacidad, prestadores, familiares, lo que estamos pidiendo es que se suspendan todos los relevamientos realizados por el gobierno, eso es lo que estamos pidiendo y también solicitamos lo que establece justamente la ley de emergencia, que las pensiones sean otorgadas por ley, porque si no cada gobierno que viene va a intentar cambiar alguna condición".
