Luego del veto presidencial a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría, se definió realizar la Tercer Marcha Federal Universitaria en todo el país junto a trabajadores del Hospital Garrahan y jubilados en defensa de la salud y la educación públicas.
Será este miércoles 17 de septiembre, cuando la Cámara Baja tratará de revertir los vetos. En nuestra provincia, la concentración está prevista para las 17:00 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en calle Alberdi entre 19 de Abril e Ítalo Palanca.
La marcha de la comunidad universitaria estará acompañada por gremios provinciales, organismos de derechos humanos y el Foro en Defensa de la Salud Pública. Se espera una masiva participación.
"Pedimos el apoyo de toda la comunidad porque la Universidad es justamente para la comunidad", dijo Analía Herrera Cognetta, secretaria general de UTDUJ, gremio de docentes universitarios. "Esta marcha tiene que ser multitudinaria", agregó.
"Nosotros ya esperábamos que el presidente vete la Ley porque es lo que viene haciendo, es su práctica común, el autoritarismo que ejerce siempre, sin ningún miramiento. Lo inesperado fue la decisión de recortar presupuesto al magro presupuesto universitario, no vamos a tener para gastos de funcionamiento, para becas y los salarios cada vez peor", dijo.
Además, la docente agradeció el apoyo de la comunidad porque "en cada marcha no solo estamos nosotros, siempre nos acompañan las familias, los gremios de Jujuy, porque la sociedad en general acompaña a la Universidad, que es una de las pocas instituciones que quedan en este país que es creíble y confiable".
Finalmente, señaló que la mayoría de los diputados por Jujuy comprometió la defensa de la Ley antes de su tratamiento, por lo que "la coherencia sería que ahora rechacen el veto".
Por su parte, la secretaria gremial de ADIUNJu, Gabriela Gresores, señaló en UnjuRadio 92.9 que hay "una unidad de compromiso" de toda la comunidad universitaria y de otros sindicatos estatales en defender a la universidad pública. En ese sentido, espera que la marcha Federal del miércoles 17 "sea histórica y más grande que la del año pasado".
Alertó que la falta de financiamiento en las universidades públicas profundizaría la crisis ya que "nuestra situación económica esta más deteriorada que el año pasado".
Asimismo, Gresores dijo que al gobierno nacional pareciera que solamente le interesa que "no haya universidad pública".
Convocó a todos aquellos que "saben de la importancia de la universidad pública, a defenderla".
Las leyes
La Ley de Financiamiento Universitario, apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Por otro lado, la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.
Ley de Presupuesto
Por otra parte y en este contexto, el Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación, en el que la mayoría de las áreas del Estado, como la salud, la ciencia, la educación, el turismo, la obra pública, las provincias, entre otras, sufren un fuerte recorte presupuestario, mientras que áreas como justicia, fuerzas de seguridad, gendarmería, servicios de inteligencia y contratación de personal para la Jefatura de Gabinete y el Ejecutivo, tienen un incremento considerable en sus partidas.
El recorte en las universidades es de $40.000 millones, de los cuales $39.817 millones son en transferencias corrientes (gastos de funcionamiento). Además, en infraestructura universitaria, el recorte es de $2.502 millones.
En el ámbito educativo en general, la gestión educativa y políticas socioeducativas sufrirían un recorte de $1.584 millones, mientras que los fondos para información y evaluación de la calidad educativa serían de $8.282 millones. Además, en infraestructura y equipamiento perdería $12.501 millones, con fuerte impacto en provincias y municipios.
