El Consejo Interuniversitario Nacional respondió a la intimación del Gobierno nacional y en un comunicado señaló que las universidades “permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión”. Además, remarcó que el sistema sostiene sus actividades “en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias”.
La respuesta se da luego de que la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano solicitara a los rectores que, en un plazo de 48 horas, informen qué medidas están adoptando para garantizar la continuidad académica frente a las medidas de fuerza.
En ese documento, el Gobierno fundamentó su requerimiento en el derecho constitucional a “enseñar y aprender”, contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y en la responsabilidad estatal en materia educativa establecida en el artículo 75 inciso 19. Además, advirtió que el incumplimiento podría derivar en actuaciones administrativas o judiciales, la intervención de organismos de control y la eventual revisión en la asignación de recursos presupuestarios.
Desde el CIN cuestionaron el planteo oficial y señalaron que la situación actual del sistema universitario no puede analizarse sin considerar “el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario”.
En esa línea, advirtieron que ese incumplimiento genera una “severa restricción financiera, salarial y operativa” que impacta en el funcionamiento de las universidades y en las condiciones materiales para garantizar el derecho a la educación.
También respondieron a la interpretación constitucional planteada por el Gobierno y sostuvieron que los derechos en juego deben ser armonizados. “La autonomía universitaria, la autarquía y el cogobierno, consagrados por la Constitución Nacional, permiten gestionar los asuntos institucionales articulando el derecho a enseñar y aprender con el derecho a huelga y la libertad académica”, expresaron.
Asimismo, rechazaron el plazo impuesto por el Ejecutivo al considerarlo “irrazonable” y sin sustento normativo, y remarcaron que ninguna exigencia de funcionamiento puede desvincularse de la obligación del Estado de garantizar el financiamiento establecido por ley.
Por su parte, gremios docentes y nodocentes de Jujuy también se pronunciaron en rechazo a la intimación. En un comunicado, señalaron que el funcionamiento del sistema universitario “se sostiene por el compromiso de sus trabajadores”, en un contexto de reclamos salariales y presupuestarios.
Además, cuestionaron el requerimiento oficial al considerar que implica una forma de presión sobre las autoridades universitarias, al advertir sobre posibles condicionamientos en la asignación de recursos.
En ese marco, sostuvieron que la medida avanza sobre la autonomía universitaria y el derecho a huelga, y afirmaron que el principal responsable de garantizar el derecho a la educación es el Estado nacional, a través del cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de financiamiento.
El intercambio entre el Gobierno nacional, las universidades y los gremios se da en un contexto atravesado por el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de las obligaciones presupuestarias vigentes.
Desde el sistema universitario insisten en que allí radica el núcleo del conflicto y que la situación actual no puede desligarse de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
En ese escenario, y como parte del plan de lucha, el próximo 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país, con el objetivo de visibilizar el reclamo por el financiamiento del sistema y exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente.
