Luego del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, amplios sectores de la sociedad se pronunciaron en contra de la decisión y en apoyo de la educación pública y el sistema científico-tecnológico argentino, reconocido a nivel mundial.
En este marco, gremios docentes, nodocentes y estudiantes definieron realizar un paro de 24 horas este viernes 12 de septiembre, y convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, en la que confluirá la comunidad universitaria, la comunidad del Hospital Garrahan (la ley de Emergencia en Pediatría también fue vetada), y toda la sociedad comprometida con la educación y la salud pública.
Por eso, gremios de la UNJu invitan a estudiantes, investigadores, docentes, nodocentes y personas interesadas a una reunión abierta este viernes 12, a partir de las 18 horas en el Consejo Superior ubicado en Av. Bolivia N°1239, para "organizarnos y preparar una nueva Marcha Federal el día que la Cámara de Diputados trate nuevamente la ley".
Esto será el próximo 17 de septiembre, cuando la Cámara Baja tratará de revertir el veto al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Por otro lado, la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para "la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo", "la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud" y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias.
En este contexto, el Gobierno nacional presentó el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación, en el que la mayoría de las áreas del Estado, como la salud, la ciencia, la educación, el turismo, la obra pública, las provincias, entre otras, sufren un fuerte recorte presupuestario, mientras que áreas como justicia, fuerzas de seguridad, gendarmería, servicios de inteligencia y contratación de personal para la Jefatura de Gabinete y el Ejecutivo, tienen un incremento considerable en sus partidas.
El recorte en las universidades es de $40.000 millones, de los cuales $39.817 millones son en transferencias corrientes (gastos de funcionamiento). Además, en infraestructura universitaria, el recorte es de $2.502 millones.
En el ámbito educativo en general, la gestión educativa y políticas socioeducativas sufrirían un recorte de $1.584 millones, mientras que los fondos para información y evaluación de la calidad educativa serían de $8.282 millones. Además, en infraestructura y equipamiento perdería $12.501 millones, con fuerte impacto en provincias y municipios.
