En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa,  de la provincia de Salta, advirtió sobre el retroceso en políticas públicas nacionales, el aumento de casos y la necesidad urgente de formación, prevención y justicia efectiva.

Isabel, ¿cómo está la situación actual en relación al trabajo contra la trata de personas?

La situación es realmente crítica. Desde las políticas públicas nacionales hay un abandono total. Se han dado de baja programas de asistencia y acompañamiento. No hay justificación válida para este recorte. Quienes trabajamos en prevención, sensibilización y capacitación lo hacemos prácticamente a pulmón, sin fondos y con equipos de voluntarios.

¿Reciben apoyo de algún sector del Estado?
Tenemos apoyo muy fuerte de la justicia federal, del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría General de la Nación. Desde ahí sigue habiendo compromiso en los rescates, acompañamientos y juicios. Pero desde el Ejecutivo nacional no hay respaldo. Cada provincia está supliendo esas carencias con sus propios recursos.

¿Cómo están trabajando en las provincias del norte como Jujuy o Salta?
Firmamos convenios con universidades, para formar a nuevos profesionales en criminología, psicología, derecho, etc. El norte y el sur de Sudamérica están muy atrasados en formación específica sobre trata. La falta de políticas públicas nos obliga a fortalecernos en red a nivel regional y nacional.

¿Y a nivel federal o internacional?
Estamos trabajando con la red de Marta Pelloni y otras organizaciones en todo el país. Por ejemplo, ahora estoy en Entre Ríos, sumándonos a una red internacional que trabaja en prevención de delitos contra menores. Uno de los puntos más graves es el grooming, que muchas veces es el primer paso hacia la trata.

¿Qué caso reciente te impactó especialmente?
Lo que pasó en Salta con los trabajadores explotados en dos fincas. Se llegó a un acuerdo económico con los responsables, en lugar de aplicar la Ley de Decomiso, que establece que los lugares de explotación deben ser decomisados y lo recaudado repartido entre las víctimas. Eso no se respetó. Nos conmueve y nos preocupa mucho cómo se naturaliza la explotación, sobre todo cuando las víctimas son varones. La sociedad está más sensibilizada con la explotación sexual de mujeres y niñas, pero naturaliza la de los niños y adolescentes varones, sobre todo en comunidades indígenas, en fincas, ladrilleras, textiles.

¿Cómo sigue su trabajo frente a esa realidad?
Vamos a seguir trabajando desde los medios, en campañas de sensibilización, formación y capacitación. La única forma de combatir este flagelo es educar, generar conciencia y no naturalizar lo que es un delito. Un niño no tiene que estar trabajando ni aprendiendo oficios: debe estar en la escuela.

¿Qué datos podés compartirnos sobre la situación actual en Argentina?
Desde que se sancionó la ley llevamos más de 1500 condenas y más de 22.000 víctimas rescatadas. La mayoría de los condenados son varones. Pero necesitamos avanzar: ampliar penas por delitos como el grooming, el abuso sexual y la trata. Exigimos a diputados y senadores que trabajen en esto, que dejen de discutir banalidades y se ocupen de lo que realmente importa.

¿Qué debe hacer una persona si un familiar desaparece y sospecha que puede estar siendo víctima de trata?
Lo primero es hacer la denuncia inmediata en una comisaría. Si no se la toman, deben acudir directamente a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación y denunciar también a la comisaría que se negó. Si hay sospecha concreta de trata, deben llamar a la línea 145, que funciona las 24 horas.