El próximo viernes 25 de abril, la Universidad Nacional de Jujuy, junto a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, presentarán una nueva Diplomatura en el marco de la Ley Lucio.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover la protección de niños, niñas y adolescentes, y para ello "hicimos un equipo de trabajo para el desarrollo de la Diplomatura que toma como base la Ley Lucio pero que también recupera temáticas de UNICEF y de otros organismos internacionales, normativas y, además, propuestas innovadoras", comentó la secretaria Académica de la UNJu, María Eugenia Bernal.
Esta oferta formativa surge de un pedido de la Defensoría ya que para avanzar en la protección de este sector social se "necesita de una sinergia de muchos actores para poder responder".
"No es solamente una cuestión de normativa o de dispositivos que el Gobierno pueda instalar, sino también es una cuestión educativa y tiene que ver con los distintos roles involucrados en esta situación", agregó.
La Diplomatura estará dirigida en principio a gestores de distintas áreas de los gobiernos provincial y municipal y a docentes de educación superior. Sin embargo, otras personas interesadas podrán presentar notas de modo que la diplomatura pueda luego dictarse para otro público.
Las inscripciones comenzarán luego de la presentación oficial el próximo 25 de abril.
"Para la aprobación de la Diplomatura los asistentes deberán presentar propuestas innovadoras para desarrollar en el área en la que desempeñan su trabajo. De allí podremos tomar ideas para ver como podemos influir, que artículos, propuestas o dispositivos se pueden implementar y para nuestra propia formación académica dentro de la Universidad".
Ley Lucio
La Ley 27.709 o Ley Lucio es una legislación que surge tras la trágica muerte de Lucio Dupuy, un niño asesinado por su madre y su pareja. Esta ley establece nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061, que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La ley implica la obligación de los agentes del Estado de conocer y garantizar los derechos de la infancia, así como promover la concientización y la detección temprana de la violencia y el abuso infantil.
También, la nueva legislación dispone que haya capacitaciones obligatorias para todas las personas que ejercen la función pública en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No cumplir con esta instrucción se considerará una falta grave.
A su vez, establece que el Poder Ejecutivo y el Judicial actuarán articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, organismos de la niñez y jueces con competencia en familia, con el objetivo de unificar los criterios de actuación a nivel nacional y provincial.
Dispone que el Estado deberá realizar campañas de concientización semestrales que ayuden a detectar y prevenir el maltrato y violencia contra niños, niñas y adolescentes, y dónde denunciarlo. Y prevé la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.
Otra de las herramientas que incorpora la ley es la reserva de identidad, que protege a aquellas personas, que con conocimiento de alguna situación de maltrato infantil, realizan la denuncia.
